GALICIA Y EL DERECHO A VOTO DE LOS EMIGRANTES

Editorial - La Región Internacional - 21/05/2007

"Dolidos e indignados", están, según dicen, los representantes de la emigración después de conocer las recientes propuestas formuladas por varias formaciones políticas que coinciden en restringir de una u otra manera el voto de los residentes en el exterior. Dolidos e indignados se preguntan al tiempo si son o no son españoles quienes tuvieron que abandonar su país acuciados por la necesidad y la falta de oportunidades y que, con su esfuerzo y su sacrificio, tanto han contribuido y aun lo hacen ahora mismo (como bien prueban los 13 millones de euros diarios que envían a España), a que en su tierra, salvando todas las distancias, se crearan unas mejores condiciones de vida para quienes no tuvieron que sufrir su misma y tan amarga experiencia. ¿Somos o no somos españoles? se preguntan, ‘dolidos e indignados’, quienes ven amenazados algunos de sus derechos constitucionales. Pero, por mucho que se intente confundir interesadamente, y ya veremos por qué, vayamos por partes. En primer lugar, artículo 14 de la Constitución Española: ‘Los españoles son iguales ante la Ley, sin que prevalezca discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal y social’. En su artículo 23.1, la Constitución dicta igualmente que los ciudadanos tienen derecho a participar en ‘los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal’. La misma Constitución establece igualmente que son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos y que ‘La Ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho al sufragio a los españoles que se encuentran fuera del territorio de España’. Pero por si la Constitución no fuera lo suficientemente explícita al respecto, que lo es, y cuando parece haber tanto despiste y despistado al abordar esta cuestión, el sábado 14 de diciembre de 2006, el Parlamento español aprobaba por unanimidad el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior que, en su capítulo I, recoge los derechos de participación, entre ellos los de ser elector y elegible: ‘Todos los españoles que residen en el exterior tienen derecho a ser electores y elegibles, en todos y cada uno de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en el Estado español’. ¿Cómo conciliar, así, que quienes hayan promulgado sucesivas normas legales por la vía de la unanimidad y el consenso pongan ahora en entredicho de forma tan sorprendente su validez jurídica? ¿Cómo explicarles a nuestros emigrantes que su opinión política podría ser tenida en cuenta en unos comicios y no admitida en otros? ¿Cómo compatibilizar los derechos elementales de la igualdad ante la ley y un hombre un voto con el según para qué y cuándo? ¿De qué manera hacer entender que los emigrantes podrían votar en elecciones generales y acaso autonómicas y no en las municipales? Desde luego, con la actual Constitución española en la mano, de ninguna manera. Y con el Estatuto del Emigrante, tampoco. Pero si advertimos el importante crecimiento que ha experimentado el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), que ya supone ahora mismo cerca de 1.200.000 personas, españoles con derecho a voto, nos podemos ir aproximando al meollo de la cuestión. Los emigrantes pueden tener en sus manos el mango de la sartén. Un mango, por otra parte, creciente, toda vez que cada vez son más los descendientes de aquellos emigrantes que se apuntan a la solicitud de la nacionalidad española, puerta de entrada a unas oportunidades que ahora no están a la altura de la que, muy sacrificadamente, pudieron alcanzar sus mayores. Es decir, el CERA no es ya sólo muy importante, sino que va camino de serlo mucho más. En el caso concreto de Galicia la situación a este respecto merece además otro tipo de consideraciones. Porque lo cierto es que la comunidad autónoma gallega tiene un horizonte pesimista como pocas en lo que a población se refiere. La Comisión Europea acaba de hacer pública su última previsión estadística y no deja lugar a dudas: Galicia está padeciendo de un mal que se llama despoblación y envejecimiento. Y o se adoptan medidas para combatirlo cuanto antes y más eficazmente o el futuro de los gallegos puede quedar comprometido de forma peligrosa. El problema no es que los derechos electorales (y nacionales) de los emigrantes puedan ser recortados en función de tal o cual criterio o arbitrariedad política. El problema es que la situación de los residentes en el exterior se ha precarizado en muchos casos hasta el punto de que ya no los de segunda generación sino los de tercera y los de cuarta reclaman su legítimo lugar al sol y quieren esa nacionalidad española que sus abuelos y bisabuelos llevaron mundo adelante. Así que si el panorama que tenemos por delante es el de un país, como Galicia, progresivamente envejecido y despoblado, que tiene un importante potencial exterior de repoblación y rejuvenecimiento ¿se va a dilapidar de forma tan irresponsable como absurda? La comunidad autónoma gallega, como se está viendo, no es precisamente una de las que ejerzan un mayor efecto llamada sobre la inmigración extranjera. Por esa vía difícil va a resultar paliar los males demográficos que están aflorando de forma tan progresiva como alarmante. Pero sí puede tener, o tiene, un fondo de reserva especialmente idóneo en los jóvenes, nietos y bisnietos de aquellos de sus hombres y de sus mujeres que tuvieron que abandonar su terruño para sacar adelante a sus empobrecidas y tantas veces desesperanzadas familias. Ahí es donde Galicia tiene en sus manos pagar su vieja y tan aireada deuda de gratitud: reconociendo por esta vía justo todo lo contrario de lo que ahora se propone. Y, naturalmente, poniendo en práctica unas políticas de emigración que, manteniendo los actuales derechos asistenciales de los gallegos del exterior, cree fórmulas imaginativas de recuperación de sus descendientes a base de proporcionarles los medios materiales, financieros y formativos que les permitan implicarse con el país de sus mayores, incluso residir en él, y contribuir al desarrollo de la Galicia que tanto debe a quienes tuvieron que dejarla y que tanto contribuyeron a situarla en el lugar en que hoy se encuentra.


(Noticia extraida de "SICE Prensa & Comunicación")